No hay manera de entender el crecimiento arrollador del transporte terrestre automotor ilegal sin vincularlo a las autoridades que actualmente nos vienen gobernando. Este gobierno es más de lo mismo que el anterior en cuanto a favorecimiento de las actividades económicas ilegales, la ilegalidad en el Perú no tiene color político ni tampoco una bandera ideológica al contrario ha nacido a la sombra de la imposición de un modelo económico neoliberal el cual desde origen ha utilizado el transporte terrestre como un colchón social para facilitar el desmontaje laboral de la burocracia estatal y la actividad empresarial del Estado, es decir habido un sacrificio, del servicio público de transporte y con ello se ha trasladado el riesgo a todo los usuarios.

Es necesario tener presente que por el Congreso y por el Ejecutivo han pasado políticos que decían representar ideas de derecha, de izquierda o centro izquierda, pero todos han preferido tener una ganancia electoral futura, percepción equivocada por cuanto ninguno de estos políticos favorecedores han sobrevivido como tal, abriendo las puertas de las entidades públicas a los operadores informales o flexibilizando la fiscalización sobre estos; y, esto no solo lo hemos padecido en el ámbito nacional, con mayor empacho se ha replicado en los gobiernos locales y los gobiernos regionales, lo cual ha convertido a dichas actividades subterráneas en incontrolables que vienen sobrepasando la capacidad que hoy tienen las instituciones a cargo de la fiscalización.

El gobierno actual es el caldo de cultivo para que las actividades económicas ilegales hayan conseguido instalarse de manera pública y sin ningún pudor en la totalidad de las instituciones que regulan, gestionan y fiscalizan el transporte terrestre de pasajeros y mercancías, su debilidad o su compromiso político de sobrevivencia lo ha llevado hacer alianzas con los más oscuros intereses, a los cuales les importa un rábano la política pública nacional de transporte terrestre para contar con servicios de calidad y seguridad.

Es bueno traer a colación el análisis demoledor que realiza el sociólogo Alberto Vergara de nuestro actual sistema de gobierno, donde manifiesta que nuestra democracia es inexistente, debido al contubernio político donde solo hay un poder que gobierna, donde la Presidenta Dina Buoluarte es una simple caricatura formal constitucional, detrás de ella gobierna el Congreso a través de una alianza de congresistas unidos por intereses, donde su herramienta fundamental es la ganzúa política, los cuales representan a las actividades económicas informales y desreguladoras, como es la minería informal, el transporte ilegal, las universidades bambas, hasta el narcotráfico; un Congreso que hoy tiene copadas la mayoría de las instituciones autónomas constitucionales y que ahora en la práctica ya no lo son más como el Tribunal Constitucional, EL Defensor del Pueblo, la SUNEDU, ATU, Ministerio Público, etc.

No olvidemos, por lo menos teóricamente, cual es el mecanismo que nos permite decir que vivimos dentro de una democracia liberal, la división de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y como tercer poder el control judicial de las decisiones de estos poderes, una democracia se precia y se valora como tal cuando los miembros del Congreso representan los intereses de quienes lo han elegido de manera mayoritaria y no los intereses económicos de unos pocos y el Poder Ejecutivo ha sido elegido para ejecutar su programa de gobierno dentro de los parámetros de la Constitución y las leyes constitucionales que emite el poder legislativo, pero lo más importante es la supervisión cruzada que deben interactuar estos poderes y cualquier conflicto al respecto lo debe resolver el poder judicial (lastimosamente en nuestro caso lo hemos derivado a una institución eminentemente política el Tribunal Constitucional, el cual resulta por su elección tan fácil de copar)

Debemos preguntarnos si nuestra democracia hoy por lo menos funciona en algo, la respuesta es negativa, nada funciona, no existe la división de poderes no hay un control cruzado entre los poderes, hoy solo gobierna un poder, se ha impuesto una dictadura pero no desde el Ejecutivo, sino todo lo contrario el Ejecutivo se ha convertido en una víctima más por decisión propia, tenemos una dictadura Congresal donde una alianza de intereses personales (no de partidos) que le vienen imponiendo toda la agenda a la Presidenta Buoluarte a través del Premier Alberto Otárola.

Esta perversión de nuestro sistema de gobierno, que representa la demolición del Estado de Derecho producto de un contubernio entre el Ejecutivo y el Congreso, ha permitido que las instituciones públicas puedan ser penetradas en otros casos perforadas por los intereses de los transportistas ilegales; actualmente los informales cuentan desde los operadores políticos hasta padrinos políticos que se encuentran en el Congreso, donde se viene desmontando todo la capacidad regulatoria de las entidades estatales a cargo del Transporte Terrestre, hoy el consenso político entre Ejecutivo y Congreso es minar cualquier norma que apuntaba a sostener una política pública de transporte, el Ministerio de Transporte si bien tiene un discurso de promocionar la formalidad en las actividades del transporte terrestre en los medios de comunicación, pero en los hechos vemos funcionarios públicos que han sido nombrados por presión del Congreso o presionados políticamente en el día a día por los intereses políticos informales con la finalidad de facilitar a través actos administrativos internos, informes y proyectos normativos para que los operadores ilegales puedan acceder a desarrollar sus actividades económicas sin ningún control regulatorio.

Hace rato que la SUTRAN no se desempeña como un ente técnico de fiscalización sobre el transporte terrestre, los funcionarios que se han nombrado se han limitado a cerrar los ojos frente a los operadores informales les importa más su puesto de trabajo que emprender una actividad de fiscalización sobre los transportistas ilegales, los objetivos que le ha marcado su ley de creación y su reglamento son simplemente sueños de opio; lo único que les queda a la burocracia temporal de la SUTRAN para compensar su inactivad sobre el transporte informal, dedicarse tarde, mañana y noche a fabricar informes de gabinete o de auditoría o actas de control formal sobre los operadores formales del transporte interprovincial de pasajeros.

En cuanto a la ATU, sabemos que el ejecutivo ha tenido que ceder a la presión del Congreso, desterrar la autonomía técnica de dicha institución, a la titular del MTC poco le ha durado el discurso de defensa del transporte formal en la ciudad, al emitir una norma reglamentaria no solo arrasó con la Ley de creación de la ATU sino que arrasó con la autonomía de la institución, él único valor que podría mantener viva a dicha institución; y, con esto se ha marcado la herida de muerte de los corredores viales en la ciudad de Lima, no hay manera que el funcionario que ha sido puesto hoy día a la cabeza de la ATU sin autonomía técnica pueda realizar sus funciones, creemos que el transporte urbano en Lima en la medida que no se avance con los trenes se hará en su mayoría con autos, combis y van.

Democracia y Estado de derecho son elementos indispensables para sostener las actividades económicas y actualmente no contamos con estos, las inversiones en materia de transporte terrestre público se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de alto riesgo que se puedan perder debido a los oscuros intereses que se han aliado tanto en el Ejecutivo como el Legislativo para favorecer las actividades del transporte informal.

Estamos viviendo una permanente inestabilidad jurídica que hace imposible seguir operando en tales condiciones, los operadores de transporte formal deben ser conscientes que el Estado a través de sus funcionarios se han convertido en un peligro latente para la continuidad del servicio de transporte público de transporte al amparo de una regulación donde se establezca los parámetros de como se debe prestar el servicio, hoy día la regulación se encuentra perforada en favor de las actividades del transporte informal, y la fiscalización solamente es un saludo a la bandera para los informales, toda su capacidad de recursos personales y materiales se ha enfocado en el transporte formal.

Si bien estamos pintando un panorama nada agradable, pero hay necesidad que los operadores de transporte y el público en general tomen conciencia que esto se puede convertir en mucho peor y que las consecuencias de este contubernio entre los políticos hoy en el poder y los operadores ilegales va a tener consecuencias aterradoras por un lado para los operadores el debilitamiento o pérdida de su patrimonio y el de los usuarios no tener más alternativa que utilizar servicios que le trasladan los riesgos de la actividad y con ellos elevar el números de fallecidos o lesionados.

Esperamos que podamos comprender que no debemos tener miedo en darle un nombre a lo que vemos con el propósito de poder resolver los problemas y que por supuesto corremos el riesgo de hacernos callar a los que denunciamos sobre esta perversa y anómala situación en que se encuentra la actividad del transporte terrestre público de pasajeros.