Sorpresa y desazón ha causado la propuesta punitiva que ha hecho el electo Alcalde Jorge Muñoz, según declaraciones publicadas en EL Comercio el día 11 de noviembre de 2018, en que consiste dicha propuesta:

“Esta acumulación de papeletas administrativas se da porque no hay efectividad de la sanción. Vamos a proponer una norma para poder hacer que las faltas dejen de ser administrativas y que la acumulación de infracciones tenga naturaleza penal. Todo cambia: una cosa es decir “Esta papeleta no te la pago” y otra cosa es cuando ya te comienzan a iniciar una acción penal. Es una propuesta que tenemos que llevar al Congreso. Que no sean solo [multas] administrativas, sino que tengan una consecuencia penal.”

Frente a las críticas que ha recibido de diferentes sectores, el Alcalde electo ha vuelto a reiterar su propuesta punitiva contra los choferes el 13.11.18 en El Comercio.

Cuando postuló jamás hizo una propuesta tan descabellada como está, es más tenía una claridad mental respecto a los graves problemas que debería enfrentar en materia de tránsito y transporte, el elector percibió en él como una persona racional frente a las propuestas agresivas y punitivas de lo demás candidatos, sin embargo la cercanía en asumir el puesto parecer haber despertado cierto temor a los problemas y se ha aventurado a proponer medidas punitivas sin verificar porque la regulación administrativa en materia de tránsito no funciona en la ciudad de Lima y por ende en las demás provincias del país.

Con esta propuesta el Alcalde electo Muñoz se ha puesto en el mismo nivel de mediocridad que las demás autoridades que han pasado por los diferentes gobiernos locales y por el propio Ministerio de Transportes en cuanto a regulación y fiscalización sobre el tránsito, de administraciones pasadas y, que actuales tienen que lidiar frente a esta deformación regulatoria que nos condena, pero de ninguna manera el derecho penal es una respuesta de solución.

Para nadie es desconocido que tenemos un Estado, en los diferentes niveles, que se ha dedicado a emitir normas a diestra y siniestra en los diferentes sectores económicos, como si las normas fueran por si solas suficiente para transformar una realidad llena de conductas informales, el transporte y tránsito no escapa a tal caracterización del Estado, es más es el sector económico donde más sufren los operadores formales por este actuar regulatorio perverso de las entidades estatales, que al final más que atacar a la ilegalidad debilita aún más los segmentos formales; al final del día las medidas punitivas siempre estarán sobre los segmentos formales, porque los ilegales manejan bien sus mecanismo de evasión en razón de que los aparatos fiscalizadores son débiles e ineficientes.

El mecanismo de siempre es el mismo, un accidente de connotaciones fatales y mediático, encamina a que los medios de comunicación presionen a las autoridades, estas para salir del paso, sin realizar el más mínimo análisis, responden frente a dicha presión con la emisión de una nueva regulación con mayores sanciones, muchas veces estas nuevas sanciones de una elevada magnitud punitiva se vuelven imposible de hacerlas cumplir en la práctica, por tal motivo su exigencia se vuelve un saludo a la bandera o las autoridades renuncian o se ausentan en sus labores de fiscalización o en todo caso aparecen los programas de amnistías o reducción de multas y, las cosas siguen así hasta que ocurre un nuevo accidente de tránsito fatal y así nuevamente nos encontramos con que el derecho penal es la solución en temas administrativos de tránsito.

Para no caer en este círculo vicioso que todos lo venimos soportando por décadas, el Alcalde electo y demás autoridades tienen que reflexionar y empaparse de cuál es el problema de las papeletas que no se cobran o de las sanciones que no se aplican a los choferes temerarios, imprudentes o negligentes; proponer la cárcel porque se asume erróneamente que el derecho administrativo sancionador ha fracasado, no es la solución que nos permita mejorar el tránsito en la ciudad, criminalizar cualquier conducta en materia de tránsito no nos va llevar a solucionar los problemas de fondo que tiene el Código de Tránsito, la inacción de las autoridades locales, la ausencia de fiscalización, una regulación que solamente la cumplen los segmentos formales del transporte, etc.

Se habrá preguntado el electo Alcalde porque estamos llenos, sobre todo en el transporte urbano, de choferes negligentes, imprudentes y temerarios, los cuales pueden acumular varías papeletas de naturaleza muy grave o grave, sin que a la fecha se les haya retenido o impuesto una sanción de suspensión o inhabilitación, muchas veces las papeletas se encuentran pagadas pero el gobierno local no ha hecho su “chamba” el procedimiento administrativo sobre el chofer y su posterior inscripción en el registro del record de conducir en el Ministerio de Transporte, por acumulación de puntos sobre su licencia de conducir.

La respuesta a lo anterior está en que se modificó el Código de Tránsito y se convirtió a casi todas las infracciones de tránsito en responsabilidad solidaria del chofer con el propietario del vehículo, esto que produjo en la práctica, los municipios solamente le daban prioridad a la cobranza de la papeleta en razón de que esta la podían fácilmente cobrar al propietario del vehículo, en tanto el chofer el autor de la inconducta de tránsito podía saltar de vehículo en vehículo sin que se le puede exigir el pago de la papeleta, esto tuvo como incentivo que el conductor al no verse afectado económicamente por el pago de papeleta pueda seguir incumpliendo el reglamento de tránsito cambiando de automóvil si es un chofer de taxista o de ómnibus o combi si es un chofer de empresa de transporte.

Los municipios provinciales y dentro de ellas la Municipalidad de Lima ha priorizado la cobranza del monto de las infracciones de tránsito y ha dejado a un lado los procedimientos administrativos sobre el chofer infractor el cual es suspenderle o cancelarle la licencias de conducir y su posterior inscripción en los registro del Ministerio de Transporte, los municipios han internalizado para que continuar con los procedimientos administrativos contra el chofer y si ya han cobrado el monto de la infracción, como si el objetivo del Código de Tránsito es recaudar más dinero, cuando lo primordial en un sistema de infracciones administrativas es desincentivar las inconductas de los conductores negligentes, imprudentes y temerarios, que asuman la responsabilidad de su conducta.

Este mecanismo perverso de hacer responsable pecuniario de las infracciones al tránsito del chofer al propietario del vehículo ha dado como resultado que tengamos en toda la ciudad de Lima conductores con múltiples papeletas en su haber y continuar conduciendo de la peor manera, total la impunidad que les otorga el sistema de tránsito se ha convertido en su mejor aliado.

Sin dejar de mencionar, los dilatados procedimientos sancionadores, el Estado lejos de presionar a las autoridades locales para que estos puedan ser resueltos en plazos muy breves y no caer en prescripción, lejos de reducir los plazos de prescripción los ha aumentado de dos años a cuatro años, con lo cual ha incentivado a que los funcionarios municipales puedan tener mayores plazos para seguir dilatando estos procedimientos sancionadores en materia de tránsito, los ha liberado de la presión para seguir manteniendo abiertos ociosamente estos procedimientos, con lo cual los conductores tienen carta libre de seguir siendo negligentes, imprudentes y temerarios, gracias a esta regulación perversa que ha otorgado el Estado, premiando la ociosidad administrativa de los funcionarios locales.

La regulación no está fracasando en materia de tránsito y transporte, lo que está fracasando es la labor de supervisión y fiscalización de los gobiernos locales; de nada sirve proponer o emitir una frondosa regulación con medidas altamente punitivas, si previamente no nos hemos indagado si el marco jurídico vigente porque no ha funcionado, si los gobiernos locales o gobiernos regionales o la Superintendencia Nacional de Transporte de Pasajeros y Carga, están haciendo cumplir de manera universal la regulación vigente, si tienen un plan estratégico de cómo hacer que choferes y operadores de transporte cumplan con la regulación, la ociosidad en la supervisión y fiscalización no puede llevar a la conclusión que la regulación ha fracasado, no tiene sentido emitir nuevas normas administrativas si las mismas autoridades de hacerlas cumplir no han hecho su labor, emitir más normas y más punitivas será la misma medicina para una enfermedad que puede ser remediada con otro diagnóstico

Las municipales también puede retirar del sistema a los choferes infractores aplicando el sistema de puntuación establecida por una ley del Congreso sobre la licencia de conducir, aplicando medidas preventivas y posteriores procedimientos de suspensión de las licencias de conducir y su inscripción en el registro o record de conducir que maneja el Ministerio de Transporte, sin embargo, tampoco los Municipios hacen los esfuerzos para aplicar esta medida que si bien es muy rígida, pero es una herramienta más contra los conductores negligentes, imprudentes o temerarios.

Hace dos años se modificó el Código de Tránsito, para aumentar su fuerza punitiva, con el solo levantamiento de la papeleta de tránsito del efectivo policial, sin esperar la resolución de sanción en ninguna de las papeletas, se podría aplicar la medida preventiva de retención de la licencia del chofer y su posterior suspensión o cancelación en caso el conductor tuviera acumulada cinco infracciones graves o dos infracciones muy graves, lo cual nos pareció irracional e inconstitucional por cuanto se afectaba el principio de presunción de inocencia, sin embargo dicha norma está a disposición de las Municipalidades para poder erradicar a los supuestos choferes temerarios, negligentes o imprudentes, pero vemos que el aparato fiscalizador no hace uso de este recurso legal, claro la razón solamente se preocupan por recaudar el monto de la papeleta para nada les interesa enmendar la conducta de los choferes.

Sin dejar de mencionar que en este año el Ministerio de Transportes ha modificado el Reglamento Nacional de Transporte para poder retirar las placas de los vehículos que hacen transporte ilegal, es otra herramienta que los gobiernos locales tienen a disposición para combatir aquellos choferes que sin ninguna autorización prestan de manera indiscriminada transporte ilegal en todas las ciudades, pero vemos que tampoco que el aparato de fiscalización hace uso de esta herramienta.

Cómo vemos existe una regulación suficiente para expectorar a estos choferes negligentes, imprudentes y temerarios que acumulan papeletas de infracciones en la ciudad de Lima, el problema no es regulatorio, el problema es de ociosidad de parte de las autoridades municipales y también de un apego a utilizar el control de tránsito como un sistema recaudatorio para obtener recursos extras, por consiguiente podemos decir que la regulación no ha fracasado lo que está fracasando es la gestión en el aparato fiscalizador del gobierno local, por lo tanto no vemos la necesidad de cambiar el marco normativo, menos aún pedir mayor punición sobre las normas de tránsito en razón de que las actuales no vienen siendo aplicadas.

Es una pose demasiado populista pedir que el derecho penal resuelva todos los problemas administrativos de una sociedad y que los políticos irracionalmente recurren a tales propuestas, cuando saben muy bien que eso no va resolver sus problemas al contrario puede generar mayores dolores de cabeza a su administración, porque la solución a los problemas de tránsito no está en amenazar con cárcel a los conductores, sino que es un problema que requiere una intervención desde varios ángulos, una ciudad mal gestionada, exuberante regulación, ausencia de fiscalización, educación vial inexistente, etc.

El Alcalde electo de Lima, a partir del primero de enero del año 2019 tiene que demostrar que sus órganos locales de supervisión, fiscalización y sanción vienen cumpliendo con su labor, caso contrario que no asuma una perturbadora pose política, cualquier propuesta que quiera realizar tiene que derivar de haber ejercido actos de gobierno y de gestión sobre la ciudad.