Cuando vemos en la calle a niños y/o adultos, vendiendo desde golosinas hasta libros (la mayoría de ellos pirateados) nos despierta cierta pasividad y comprensión, no tenemos la más mínima intención, ni mucho menos exigir se les aplique todo el peso de la ley, al contrario alentamos su conducta al adquirir sus productos en tales condiciones, por ser personas que buscan sobrevivir, bajo la premisa de que mejor es tener vendedores ambulantes a delincuentes que nos hurten o nos roben a mano armada, simplemente le ponemos la chapa de informales, para de esta forma asumir que son actividades inocuas a la nuestra economía. 

Como no recordar la década de los ochenta del siglo pasado cuando las calles de Lima se convirtieron en el boom del comercio ambulatorio, todos de una u otra manera vivíamos y colaboramos con esa economía subterránea, incluso las grandes empresas dependían su canal de distribución de este comercio ambulatorio, hasta Hernando de Soto se inventó como una celebridad al plantear su tesis de que los informales salvarían al Perú, que estos serían los empresarios del mañana, muy pocos le respondieron y si lo hicieron no tuvo como mucho eco, la informalidad nos había ganado, era la carta de presentación del emprendimiento en el Perú.

De qué manera se aprecia dicha informalidad en los servicios de transporte terrestre, especialmente en carretera, por un lado tenemos a los usuarios y de otro lado a los prestadores de estos servicios de los cuales hablaremos más adelante, los primeros por lo general pertenecen al nivel socioeconómico C, con mayor incidencia en los servicios especiales o Premium tenemos como usuarios a los del nivel B y en menor medida a los usuarios del nivel A, en tanto los niveles D y E no son clientes tan asiduos al transporte interprovincial, desde este análisis empieza nuestro problema, se desprende que nuestros usuarios por lo general son los que están al medio de nuestra pirámide social, la clase media en su diversos variantes.

Nuestra clase media actual, por lo general emergente, deriva de emprendedores surgidos de la informalidad, de una economía atomizada en micro y pequeñas empresas, éstas de bajo rendimiento productivo, tiene una alta vulnerabilidad debido a que la gran mayoría vive alejada del Estado por no decir a espaldas de este, con el objeto de no tributar y el Estado que no desea una clase media reclamándole por más servicios públicos, no hay manera de fortalecer y expandir a nuestra clase media sin que existan más empresas medianas y grandes que son aquellas las que brindan empleos decentes.

Según Alfredo Torres, sobre el segmento de los emergentes, de ese sector dinámico conformado por millones de micro y pequeños empresarios que a su vez conformarían una nueva y amplia clase media, es uno de nuestros mitos más difundidos y equivocados, la ilusión proviene de la existencia de más de siete millones de unidades productivas en el país, continua diciendo, que más del 98% de estas son microempresas que operan en actividades de baja productividad que solo permiten salarios o ganancias variables en el rango de 25 a 75 soles diarios para una o dos personas, dependiendo del caso. Por desgracia, la gran mayoría de esas microempresas no son expresiones de un pujante y exitoso emprendimiento sino de un esforzado mecanismo de supervivencia.

El performance actual de nuestra clase media no es suficiente para cruzar el umbral del desarrollo y ser candidatos a países del club de la OCDE, por lo menos estar a la altura de México o Chile; a pesar, de nuestros grandes esfuerzos la modernidad nos ha sido esquiva, como dice el economista Jorge Chávez, no es suficiente crecer para entrar a este club, además de tener democracia y gobierno transparente y eficaz, necesitamos cambiar, tener acceso al conocimiento científico y tecnológico para elevar la productividad, cosa que la informalidad en nuestra economía no nos  puede dar, ser competitivos y productivos es la única manera de lograr el desarrollo de nuestro país, estamos atrapados en la trampa de los ingresos medios con nuestra clase media emergente que vive de una economía subterránea, es imposible si tenemos un Estado en todos sus estamentos rehúye luchar contra la informalidad, al contrario la promociona con su excesiva regulación y carencia de fiscalización y además la apadrina políticamente.

Esta clase media  es la principal usuaria de los servicios del transporte interprovincial de pasajeros, donde en cada una de sus decisiones tiene como norte rentabilizar su economía a toda costa, es evidente que al buscar un servicio de transporte lo hará pensando en el precio al margen de que si este es de calidad o le brinda una seguridad, por consiguiente su elección sin desearlo estará dirigida a utilizar los servicios informales, por cuantos estos para prestarlos al menor precio, tienen que marginar eludiendo cumplir con las exigencias técnicas, laborales y tributarias que el Estado impone formalmente al transporte interprovincial de pasajeros.

Esta conducta del usuario, se puede asumir que es una conducta informal, tan igual como aquellos que busca sobrevivir realizando la venta de cualquier producto de forma ambulatoria, no sería recomendable para el Estado estar persiguiendo a los usuarios por el hecho que elijan servicios más baratos, sobre todo cuando es éste por omisión que les permite ofertar sus servicios en el mercado del transporte, los usuarios no se encuentran en la obligación de saber y conocer que cosa hay detrás de estos servicios, esta responsabilidad es de los entes estatales, por eso que la chapa de usuarios informales tiene toda la razón de ser, al ser demandantes no tienen por qué cargar con la culpa de la ilegalidad de sus ofertantes.

Consideramos que el asunto reclama una mayor atención del Estado cuando se trata de analizar el comportamiento de quienes ofrecen el servicio de transporte de manera informal, es decir aquellos que no cumplen con cada una de las condiciones de acceso y permanencia para prestar el servicio de transporte, acá ya no podemos hablar de simples informales, acá se está incumpliendo las exigencias de seguridad y calidad para prestar el servicio, se está poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas, y quienes ponen en peligro a los usuarios lo hacen porque prestan servicios en contra de las normas, como nos los recuerda Francisco Durand ( El Perú Fracturado: 2007) es una economía paralela propia de una cultura de transgresión.

Atrás ha quedado la falsa creencia que la informalidad se podría combatir con titulación y acceso al crédito, con la aparición del boom del microcrédito, esto hizo explotar la tesis de Soto, como dice Alfredo Torres, los informales tuvieron acceso al crédito sin garantías hipotecarias; de la misma forma se demostró que el problema no eran los trámites y regulaciones como se decía en el “Otro Sendero”, un Estudio de GRADE de Miguel Jaramillo ( Informalidad en las micro y pequeñas empresas Enero 2016) demostró que, cuando se le ofrecía a los informales hacerles los trámites para registrarlos e incluso subsidiarles los pagos de las tasas, a la gran mayoría no le interesó el tema, las respuestas eran evidente, para que formalizarse, así como estoy actualmente no pago nada de tributos y soy invisible para las agencias fiscalizadoras del Estado.

Ha pasado más de treinta años desde que a la informalidad contraventora de las normas se la elevó a la categoría de emprendimiento y, ahora conocemos y sufrimos la graves distorsionemos de lo que la informalidad hace a nuestra economía, su nociva presencia representa un lastre, la tesis de Hernando de Soto ha resultado ser una fatalidad; como nunca antes hemos tenido un crecimiento por 10 años del PBI de manera sostenida a inicios de este siglo XXI, lo suficiente para sentar las bases de un país en desarrollo, pero no hemos podido hacerlo, estamos entrampados en esta vulnerabilidad socioeconómica, el peso de la informalidad en nuestra economía es uno de los factores que retrasa nuestra evolución, al contrario hay actividades que están involucionando debido a nuestra cultura informal que se ha enraizado, el caso típico es el transporte de pasajeros, estamos regresando a propuestas de los años 50 y 60 del siglo pasado, el realizar viajes en vehículos menores y el uso ineficiente del espacio vial.

Como dice el Estudio de Apoyo, el problema de la informalidad radica en su baja productividad. De 11 millones, no más de 100 mil microempresarios tienen hoy una rentabilidad que les permitiría asumir los costos tributarios y laborales de pasar a la formalidad, por eso que la solución planteada por el actual gobierno va en fracaso, todas sus medidas de corte tributario lejos de reducir la informalidad ha provocado al contrario la reducción de la caja fiscal, y de hecho que esto ha ido a parar a la caja de este segmento informal no productivo, es decir los ingresos tributarios formales sosteniendo a la economía subterránea bajo la venia del Estado.

Esto es una demostración que la promoción del emprendimiento informal por parte de nuestros políticos tiene que hacerse con una visión mucho más aguda, no pueden pretender legitimar la ilegalidad bajo el esquema de una informalidad que presenta una cultura transgresora al margen de la pobreza, al contrario se debe tomar medidas múltiples en función a la variable regulatoria de cada sector, con esto diferenciar a que segmentos de nuestra economía subterránea le debemos dar el tratamiento de informales y a cuales de estos de ilegales, el Estado no puede descuidar el aplicar su brazo armado de la fiscalización, el Estado deberá entender y afinar sus políticas públicas cuando debe aplicar el garrote o cuando debe ofrecer la zanahoria, dependiendo del tipo de informalidad a la que se enfrenta, si es una informalidad de sobrevivencia o es una informalidad producto de la ilegalidad.

La informalidad, desde su origen, representa un problema social, económico, tributario, fiscal y distributivo, quienes están en estos segmentos, están en la búsqueda desde esta informalidad una solución a su problema de pobreza en actividades de nula o escasa regulación sectorial (Recomendación 204 OIT: 2015) al no tener otra alternativa de empleo formal, hace caso omiso de las normas en razón de que los costos para ser formal para él y no para el sistema en general representa un valla muy alta. Mientras tanto la ilegalidad es un fenómeno inverso, la persona no se encuentra dentro de los niveles de pobreza, está en capacidad de afrontar económicamente los costos para acceder a la formalización, pero lo rechaza, su interés es no estar en consonancia con las normas y el Estado, al contrario pretende obtener un ventaja económica, hacer más rentable su operación, el no cumplir con las normas fiscales y sectoriales; un ejemplo de aquello son los operadores del transporte interprovincial de pasajeros en vehículos menores, ofrecen el servicio sin declarar sus ingresos, no pago del impuesto a la renta, donde deben tener dos choferes, solamente tienen uno, no registran en planilla a su personal, evaden las leyes sociales laborales, etc.; la informalidad es un pretexto para rentabilizar su operación no es un medio para salir de la pobreza, por tal motivo su denominación como tal debe ser de ilegales y de ninguna manera ser considerados informales.

El ilegal en todo momento repudia el cumplimiento de las normas como una estrategia de rentabilizar su operación, pero busca el apoyo o padrinazgo político bajo la chapa de ser informal (falseando su buena posición económica) para que se lo legitime con un tratamiento legal distinto, pero en el fondo su petición de reconocimiento legal puede ser una estrategia equivocada sobre todo en sectores de alta regulación, podría tener visibilidad, pero él es consiente que la fiscalización es escasa o nula y pretende tampoco cumplirlos, solamente quiere pasar del membrete de informal pobre a una posición de legal con menos exigencias que los demás cómo nos dice Francisco aspira a la formalidad sin barreras, por supuesto una intención “sana”.

Un asunto poco tratado y que tiene un peso descomunal en la relación formalidad e informalidad son las agencias de fiscalización ( SUNAFIL, SUNAT, SUTRAN, INDECOPI, ETC) al final su trabajo se reduce a supervisar y sancionar a empresas formales que son parte de su registro, aquellas que están fueran de su sistema resultan ser invisibles, al final estos organismos que deberían ser parte de la solución para combatir la informalidad terminan siendo un gran problema para la empresa formal, políticos y medios de comunicación las presionan y las azuzan a ser implacables con la empresas formales.

En el caso del transporte terrestre de pasajeros, las agencias de fiscalización del Estado, a la empresa formal la reconduce a ser menos competitiva frente a los operadores ilegales, en razón de que estos tienen la chapa de transgresores inicuos, algo así como los pobrecitos y, por tanto se les mira con ojos comprensivos por parte de la autoridades y políticos, al contrario estos últimos se convierten en verdaderos cancerberos sobre las empresas formales o legales, desde la posición de autoridad y con la ayuda de los medios de comunicación, sobre todo cuando se trata de exigir que se les aplique sin miramientos todo el peso de la ley a las empresas legales por parte de las agencias fiscalizadoras del Estado.

Justo, este término de informalidad que utilizamos de manera indiscriminada, es uno de los grandes problemas, necesitamos hacer la debida diferencia cuando se trata de operadores del transporte interprovincial de pasajeros. No cabría tener el mismo tratamiento de un vendedor ambulante de dulces, con aquel que tiene un vehículo o una flotilla de vehículos prestando el servicio de transporte al margen de la ley, por cuanto tendríamos que también asumir que quienes introducen productos importados sin pagar los impuestos aduaneros no serían delincuentes sino unos simples y reverendos informales, de la misma manera estarían en esa situación quienes trafican con productos controlados al interior de país, no serían pasible de ser tildados de narcotraficantes sino unos simples sujetos informales al margen de la ley, estos no solamente tendrían el tratamiento de ilegales sino que son considerados unos delincuentes.

El operador de transporte interprovincial que tiene capacidad económica para comprarse un vehículo o dos vehículos o una flotilla, no puede tener el mismo tratamiento que el informal que trata de sobrevivir, por cuanto su operación de transporte no es una economía de sobrevivencia, es una persona que de manera consiente y voluntaria pretende sacar ventaja frente aquellos otros operadores que si están cumpliendo con la ley, al obtener su autorización y cumplir con todos y cada uno de las condiciones de acceso y permanencia que se le exige para prestar el servicio con seguridad y calidad, es evidente que la única intención del operador informal es rentabilizar su operación al dejar de incurrir en los costos que representa las exigencias legales y que si los puede asumir.

Esto nos lleva a desterrar el término de informal cuando se trata de los operadores que pretenden realizar actividades de transporte interprovincial de pasajeros sin acceder al sistema y no cumplir con cada una de las condiciones de acceso y permanencia que establece la regulación estatal en esta actividad, por consiguiente estos operadores al no cumplir con las normas debe ser tratados como ilegales, sin dejar de establecer como meta en convertirlos en verdaderos delincuentes por cuanto al no cumplir con la medidas de seguridad ponen en riesgo la seguridad y la vida de los usuarios en un actividad económica de alto riesgo como es el transporte terrestre.