Nuestros economistas locales como siempre, especialmente los neo liberales, que las leyes del mercado a través de la mano invisible, es el único camino para resolver los problemas en nuestra economía, una expresión tan simplista como facilista, teniendo como objetivo cambiar las reglas del juego en la asignación de los recursos y en la distribución de la riqueza y los ingresos, bajo el supuesto que el modelo estatal intervencionista no asigna recursos de forma eficientemente, y por consiguiente, de paso, también las leyes del mercado debiera resolver los graves problemas que afronta nuestro transporte terrestre.

Este es un discurso más que sustantivo, una posición netamente ideológica, porque se plantean soluciones a priori al margen de que si la propuesta es la correcta o no para resolver nuestros problemas, al margen de la propia naturaleza de los servicios que se prestan en el transporte terrestre, como si todos los segmentos del transporte terrestre respondieran a una misma lógica de desarrollo, desgraciadamente este tipo de prédica sobre el transporte aún continúa, sino veamos a Ivan Alonso en El Comercio del 04.08.17, “La autoridad única del Caos”.

Esta es la misma prédica que nos vendió el fujimorismo en el año de 1991 del siglo pasado, para resolver los problemas del transporte terrestre, dejar que el mercado sea el único que asigne los recursos, por eso el Estado fue retirado de sus grandes funciones de regulación, de gestión y de fiscalización, se impuso la ley de la selva, es más, el aplauso de nuestros liberales criollos, de talante ideológicos, no se hizo esperar, capitaneados en aquellas épocas por Alfredo Bullard ( Al fondo hay sitio ¿Puede el teorema de Coase explicarnos el problema del transporte público? Rev. Temis No 21, año 1992) tuvieron la osadía de manifestar que el usuario del transporte terrestre era el principal beneficiado, la libertad de rutas y tarifas traería consigo el bienestar con una menor tarifa y una mayor oferta en el servicio, las empresas con mayores siniestros tendrán que salir del mercado en razón de que el público no las elegiría porque su mal servicio, accidentes, heridos y fallecidos, no serían elegibles.

Todos sabemos cómo término ese sueño neo liberal para el transporte terrestre, pasamos de un Estado que siempre garantizaba al usuario el servicio de transporte, hacia un Estado que traslada dicha garantía del servicio a la iniciativa privada, es decir nadie a cargo del servicio; pasamos a un total desorden y caos, el servicio a cualquier precio y como se pueda, empresas de transporte cascarón y atomizadas y sin capital de trabajo, con choferes guerreándose el ingreso, el Perú paso a estar entre los primeros lugares en las estadísticas de muertos y fallecidos por accidentes de tránsito, las reglas del mercado lejos de resolver los problemas lo que hizo fue agudizar aún más estos problemas, prácticamente desapareció la actividad empresarial en el transporte terrestre urbano, llevó al transporte de carga a una informalidad cercana al 90% y el transporte interprovincial se convirtió en el refugio del comisionismo empresarial, la formalidad no representada ni el 40% del total de los operadores.

Tampoco podemos decir que el intervencionismo estatal a ultranza en el transporte terrestre sea el mecanismo que vaya resolver todos los problemas del transporte, todos hemos sufrido el control tarifario que tenía un origen técnico, pero la intervención política nos hicieron sufrir entre los años de 1950 a 1980, de aceptar tal posición estaremos en los mismos sesgos ideológicos que nuestros economistas neo liberales, las propuestas o soluciones no tienen que abordarse sobre ideas preconcebidas, al contrario la naturaleza de las cosas son las que nos deben llevar arribar cuando debemos dejar que el mercado cumpla su función de asignación de recursos y cuando es el que el Estado debe realizar sus intervenciones para garantizar la prestación del servicio con seguridad y calidad.

Como nos los recuerda Efraín Gonzales de Olarte (Neoliberalismo y el Péndulo de largo Plazo, en Neoliberalismo y Desarrollo Humano 1998) en el Perú el péndulo siempre se ha movido entre las corrientes liberales y el intervencionismo estatista. Son oscilaciones económicas y políticas ocasionadas por el fracaso de cierta combinación de estructuras económicas y políticas. En el siglo veinte hemos pasado de un liberalismo en los primeros años hasta 1930 en que se produce la crisis económica mundial, producto del colapso de la bolsa de Nueva York (EE. UU. Representaba el 45% de la economía mundial) por consiguiente aparecieron las corrientes intervencionistas estatales, bajo la figura de corrientes keynesianas, social demócratas y socialistas por todo el mundo, mostrando las bondades de la intervención estatal, siendo su punto más álgido la planificación central, para nuevamente el péndulo cambie de sentido y este Estado de bienestar a nivel mundial entre en crisis en los año 80 y volvamos a nuevamente a mirar con encanto las políticas neo liberales como salvadoras de esta crisis.

Es evidente que el transporte terrestre no ha escapado a estas orientaciones extremistas que ha tenido la economía, el Perú ha seguido el curso de la historia, es más no había manera de oponerse a corrientes mundiales, no podría ser una isla, tarde o temprano tenía que sucumbir y abrazar las corrientes económicas que estaban en boga. Esto ha llevado que el transporte terrestre haya pasado de un modelo liberal o un modelo intervencionista estatal desde 1930 hasta 1988, para luego pasar a un modelo más liberal, siendo su máxima expresión la decisión del gobierno de turno de liberar rutas y tarifas en el año 1991, para luego abandonar este modelo por uno mixto a partir del año 2001 con una asentada intervención estatal, sobre todo en temas de regulación, dejando de lado la gestión y la fiscalización.

Esto es nuestro drama, el transporte terrestre en el Perú nunca se ha manejado en función a sus necesidades, siempre ha estado al vaivén de las fuerzas y corrientes ideológicas que manejan nuestra economía, si la moda era intervencionismo estatal, se concesionaban las rutas y se imponía el control tarifario al margen de garantizar su financiamiento, pero si la moda era liberalismo, el transporte era sometido a una desregulación salvaje, a una nula gestión y a una escasa fiscalización, pero para nada se tomaba en cuenta el servicio, para nada se ponía al usuario como punto central de la prestación del servicio de transporte, sin dejar de mencionar que el intervencionismo estatal en el transporte terrestre por parte del gobierno de turno nunca ha sido por la mejora del servicio sino al contrario su interés era mantener una tarifa baja al margen de los costos operativos a través de comisiones supuestamente técnicas pero que al final eran políticas, esto llevó al fracaso económico a los operadores de transporte en razón que se desfinanciaban y prestaban un servicio de la peor calidad al costado del Estado.

Actualmente el transporte terrestre en el Perú como actividad económica, se encuentra en una etapa de indefinición en cuanto a sus propuestas centrales y objetivos, por un lado tenemos un liberalismo económico en cuanto a políticas macros, sino miremos la Ley No 27181, fiel al estilo Bullard, pero también tenemos paralelamente una intervención estatal ultranza en los mandos medios del aparato Estatal, reglamentos nacionales lejos de ese espíritu liberal destila de la ley de la cual derivan. Esto pasa por un desenfoque del propio Estado y los gobiernos de turno y, además por un desconocimiento total de los actores de no saber cuál es el norte que deben tomar en el desarrollo de esta actividad económica, por donde caminar, sin dejar de mencionar que el transporte se encuentra al vaivén de la presión mediática y la política reguladora reactiva de los Ministros o funcionarios de turno, como la angurria regulatoria que anima siempre a nuestros congresistas que mide su labor en producir más leyes y no que estás sean realmente eficientes.

Uno de los motivos por los cuáles aún no nos sacudimos del paradigma neo liberal en el transporte terrestre, parafraseando a Efraín Olarte, es que la economía y la sociedad aún piensan que debería estar organizada sobre la base de decisiones individuales, respecto de los derechos de propiedad, del mercado como principal asignador de recursos, la de tener siempre un Estado chico y supuestamente eficiente; la apuesta neo liberal es asumir que millones de decisiones económicas privadas e individuales llevan a una elección colectiva superior a cualquier decisión colectiva corporativa, sin embargo nadie se atreve a decirles que la posibilidad de un resultado positivo depende de que existan mercados competitivos, sistemas políticos competitivos y acceso a la información de los usuarios, como sabemos esto no existe en el país.

Que ha producido en el transporte terrestre esta desorientación en la cual nos desenvolvemos, por un lado tenemos una Ley de Transporte y Tránsito que fue lograda dentro de la ebullición de una economía neoliberal, fue redactada bajo la falsa presunción que toda la actividad del transporte se maneja dentro de un mercado competitivo, que los usuarios de este servicio pueden acceder fácilmente a la información que le permita al usuario elegir el tipo de servicio a su gusto o necesidad además de la empresa operadora de su confianza, una ley que promociona la iniciativa privada por encima de la intervención estatal y por supuesto una ley corta y anti reglamentarista, siguiendo la propuesta del ex Ministro de Economía Bologna quien propugnaba una Constitución de tan solo 25 artículos, al fin al cabo para que tanto detalle que los menos favorecidos por el sistema neo liberal que se jodan, tal vez porque son los que menos aptos para encaminar sus reclamos ante Estado.

Pero este espíritu neo liberal en nuestro transporte desaparece cuando nuestra sociedad comienza a sentir, después de algunos años, el trago amargo de no contar con una regulación y fiscalización en el transporte, que el privado no es el ente que pueda garantizar los servicios en el transporte terrestre como lo propone nuestros criollos liberales, los trágicos accidentes de fallecidos y heridos que nos regalaba el servicio de transporte y que los medios de comunicación lo exponían diariamente, puso la puntería sobre el Ministerio de Transporte, los funcionarios de turno, por lo que se olvidaron de la política macro que les imponía la Ley de Transporte y, comenzaron a elaborar reglamentos netamente intervencionistas sobre la actividad del transporte que iban en contra del espíritu liberal, pero como estas acciones regulatorias no tenían un norte ni se engarzaban con las políticas macros, simplemente eran dispositivos que tenían un exceso regulador, incluso al margen de la realidad, que muchas de las veces más que favorecer el servicio de transporte terrestre lo entorpecían, ya que la regulación en el sector no marchaba paralelamente con la fiscalización y la gestión de los servicios que una alta regulación exige, esto determinó que los segmentos informales tuvieron un crecimiento exponencial en desmedro de la formalidad y lo que es peor comenzaron a tener fuertes vínculos y padrinazgos políticos en el sistema, haciendo aún más difícil la vida de las empresas atrapadas en la formalidad regulatoria que nuevamente les exponía el sistema.

Nosotros no propugnamos que el transporte terrestre debe ser un servicio donde el Estado debe intervenir a ultranza, como tampoco afirmamos que debe erradicar las reglas de mercado de esta actividad económica, lo que solicitamos es una coherencia en cuanto a las políticas públicas en el sector, por lo menos debemos empezar a desandar esta confrontación ideológica que existe entre la Ley de Transporte y Tránsito con sus propios reglamentos, allí tenemos una contradicción entre libre mercado e intervencionismo estatal.

Lo que exigimos es que se practique por lo menos lo que dice nuestra Constitución Política, una economía social de mercado, Art. 58º, donde si bien la iniciativa privada es Libre, sin embargo el Estado no puede dejar desamparadas y bajo el yugo del lucro aquellas actividades como salud, educación, seguridad y los servicios públicos, dentro de ellos los servicios de transporte terrestre, solamente en el Perú tenemos una gavilla de economistas neo liberales que vienen propugnando que el mercado debe resolver los problemas del transporte terrestre, cuando está demostrado que 27 años de economía neo liberal, no ha tenido resultados, al contrario nos hemos llenado de servicios ilegales e informales en todo las áreas urbanas y carreteras del país, y por supuesto, además de una estadística siniestra, estamos dentro de los primeros puestos en el mundo en muertos y heridos por accidentes de tránsito y esto no lo debemos a un intervencionismo estatal es producto de nuestro sesgo neo liberal que hemos adoptado y al cual no queremos renunciar, cuando la naturaleza de las cosas nos exige que necesitamos una tutela estatal en el servicio de transporte terrestre.

El servicio público de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, en especial el constitucional, es parte de la definición del rol del Estado en las actividades económicas. La Constitución establece que el interés privado es el motor de la economía y solo en casos excepcionales se permitirá afectar la liberta económica del individuo. El servicio público es un instrumento que garantiza que no se den los extremos: por un lado la excesiva intervención estatal y por el otro no dejar todo al libre albedrío del mercado y el egoísmo individual, sobre todo en actividades económicas como el transporte terrestre, donde se requiere un alto componente de subsidiariedad, solidaridad, interés público, o donde existan monopolios naturales, como un sistema de transporte público en redes, para mantener un nivel mínimo de acceso a necesidades básicas a la población en las mejores condiciones, parámetros estos que se reflejan o se derivan claramente de los artículos 58º y 60º de nuestra Constitución Política.

Para convencernos de esto, es solamente mirar a Lima y comparar con las capitales de provincias, donde el Estado ha intervenido con reglas y subsidios ha logrado reducir los problemas del servicio de transporte, como el servicio de buses del metropolitano, que a pesar de las quejas sigue siendo más eficiente que nuestra líneas de buses que se manejan en la ciudad de Lima (ojo aún no se pagan los buses toda la inversión la soporta COFIDE) de la misma manera algunas rutas que se han implementado bajo la autoridad del Municipio de Lima, en el mismo camino se encuentra el Metro de Lima, la infraestructura ha sido regalo estatal, la operación de este servicio se encuentra subsidiado en un 50%, es evidente que este servicio está más ordenado que aquel que prestan nuestras combis y micros que operan en la ciudad de Lima y otras ciudades de provincias, en estos casos las iniciativas privadas acompañadas bajo la batuta de la iniciativa estatal, de ninguna manera las iniciativas privadas pueden florecer en el servicio del transporte terrestre, porque el ánimo de lucro pervierte el servicio y la competencia por la rentabilidad debilita los costos o inversiones en seguridad y calidad.

No hay que mirar al transporte terrestre de pasajeros bajo sesgos ideológicos, donde tengamos que enfrentar ideas extremistas entre libre mercado e intervencionismo estatal, al contrario hay que analizar y pensar cual es la mejor respuesta para prestar el servicio del transporte terrestre, no todos los segmentos del transporte terrestre tienen las mismas características o se comportan de la misma manera, hay una gran diferencia en prestar un servicio de transporte urbano bajo el estigma de la saturación que un servicio de transporte interprovincial que su peor dolor de cabeza es competir con vehículos menores en las carreteras con toda la ventaja de no cumplir con la regulación debido a una nula fiscalización.

Por eso necesitamos un Estado fuerte y eficiente, sin eso no se garantiza ni libre mercado ni intervencionismo estatal, garantizar que no solamente habrá regulación sino gestión y un adiós a la impunidad con una fiscalización universal, incluso si la opción es el intervencionismo estatal en los servicios de transporte, tenemos que dejar que los privados compitan no necesariamente en el mercado mismo, si no que dicha competencia se haga previamente por el mercado, con esto se garantiza la financiación del servicio, quien ofrece un servicio determinado de calidad a la menor tarifa accede a la prestación pero al costado del Estado, si no se tiene una estructura financiera garantizada sea bajo iniciativa privada o de administración estatal, no tenemos salida, estaríamos en los mismos errores que tuvo el transporte terrestre que sufrimos en la década de los 90 del siglo pasado. Cómo nos dice el economista Germán Alarco, hay que impedir que la improvisación, ideología, intereses particulares y la insuficiencia de análisis técnico-económicos nos dañen.