Estamos en las épocas de las vacas flacas, es la terminología utilizada por el Sr. Ollanta Humala, Presidente de la República, hace más de un año nos hizo saber que el ciclo de nuestra economía había empezado a tomar una fase de desaceleración en su crecimiento y por tanto todos los actores y la población en general deberían tomar toda clase de providencias, en caso quisiéramos mantener un ritmo ascendente.

Han sido más de 10 años de crecimiento sostenido de nuestra economía, por supuesto hay un sin número de cifras macroeconómicas que pueden dar fe de esta bonanza, sobre todo para enrostrarles “aquellos” que no les ha ido bien en este ciclo y por consecuencia lamentan que el crecimiento no les ha tocado; habido sectores que han crecido uno más que otros, sobre todo los que han estado vinculados a la explotación de los recursos naturales, en especial quienes han controlado el cogollo de las industrias extractivas, estos últimos han presumido y protegido el estatus de un país con una buena economía pero ausente en políticas públicas.

Como no recordar esa pésima publicidad de la Sociedad Nacional de Minería, no encontraron la peor forma de decirles a todos los peruanos, que sus quejas son infundadas frente al boom económico, si estamos bien con esta bonanza, exponían casos simulados sobre los beneficios económicos que ha recibido la población debido al desarrollo de la minería, aparecía una señora agradeciendo a la minería que podía vender más menús, u otra que podía lavar más ropa, o el taxista que hacía más viajes en el día, francamente insultante y un tinte discriminador frente al reparto del beneficio con los más pobres, vía el trillado chorreo, para aquellos que estaban en la periferia del sistema exportador de materias primas. Felizmente fue sacada del aire hace más de tres años, sin embargo, eso es una muestra que varios de los sectores vinculados transversalmente a la economía de las industrias extractivas, como el transporte terrestre a pesar del crecimiento macroeconómico no ha logrado desarrollarse adecuadamente en forma proporcional, al contrario sus problemas de siempre se han acentuado porque el crecimiento no ha sido estructural, no se ha aprovechado esta ola de crecimiento macroeconómica, con la finalidad de dotar al país de una infraestructura necesaria y vinculada al sector transporte terrestre y en beneficio de la población.

Erróneamente hemos continuado con una tecnocracia neoliberal a ultranza al interior de las instituciones del Estado, bajo el contexto de que aún estamos cambiando el modelo económico, luego de la debacle del gobierno aprista de los años 80, más de 20 años con el mismo discurso de los Abusadas, Carranzas, Castilla, Instituto Peruano de Economía y todos aquellos que actualmente escriben y comentan en el grupo El Comercio, nadie que ha llegado al gobierno se ha atrevido a cambiar una línea de este modelo puramente exportador, caso contrario era pasado por la moledora de carne de esta jauría neoliberal; este establishment, como dice José Chicoma de fundación Ethos, es la tecnocracia que sigue con esas ideas de hace dos décadas, útiles para los programas de estabilización y algunas reformas de libre mercado, buenas en el inicio, pero para nada constructivas en tiempos de crecimiento y bonanza macroeconómica como ha sido estos últimos 10 años.

Es imposible seguir pensando que el libre mercado va resolver nuestros problemas y solamente la acción del Estado debe reducirse destrabar aún más las normas ambientales y sociales y a programas de asistencialismo, por supuesto que necesitamos inversión nacional y extranjera, eso no está en discusión, no estamos en contra de aquello, pero se requiere que la participación del Estado en nuestra economía no se reduzca a ser el guardián de un modelo exportador de materias primas, se necesita que el Estado se institucionalice, que apoye y promocione a sectores productivos que tienen una mayor rentabilidad social, por lo menos diversificar la economía, no hay manera de sostener y dar seguridad a la inversión privada que un Estado fuerte en hacer cumplir su propia regulación, no podemos esperar que sea la gran empresa transnacional quien deba estar ordenando los territorios regionales ( Ver al respecto Revista Quehacer Junio 2014: Violencia Política) menos aún sea esta quien decida a quien otorgar o no los beneficios de sus servicios complementarios que giran alrededor de estos polos extractivos de recursos naturales en las regiones, lo cual crea mayores conflictos sociales, debido a que el Estado se encuentra ausente no hay nadie quien arbitre entre la sociedad y las empresas transnacionales; como nos dice José Carlos Orihuela, profesor de economía de la PUCP, “ los ideólogos del libre mercado reinventan siempre argumentos tautológicos disfrazados de ciencia económica: Los mercados son perfectos porque son perfectos, toda regulación perjudica el bienestar social. Basta con ir a la realidad y mostrar que el mercado de referencia no es perfecto para que el argumento se caiga.”

Hemos tenido más de 10 años de crecimiento económico y la tecnocracia que controla el Estado desde hace más de veinte años, no ha hecho absolutamente nada por el bienestar social (no pedimos que regrese el modelo keynesiano pero tampoco no estamos para seguir aguantando las recetas neoliberales) el transporte terrestre y sus actividades complementarias en total abandono, recién hemos tomado conciencia que necesitamos luchar contra la congestión en una ciudad que se llena de automóviles particulares, donde la Asociación Automotriz con un individualismo que peca en exceso ha aplaudido este crecimiento del transporte privado al margen de las políticas públicas, a pesar de querer lavarse la cara con la fundación Transitemos.

Los proyectos de transporte masivo que recién han empezado a caminar resultan insuficientes y tardíos, debieron nacer y caminar de manera paralela a nuestro desarrollo económico, la lenidad en infraestructura terrestre se ha convertido en un lastre pesado, sobre todo en Lima y demás ciudades capitales de provincias, las cuales debieron caminar de forma paralela en solucionar el problema de la congestión que tienen encima, con un sistema de transporte masivo que debiera darle la espalda al transporte privado, de haberlo hecho hubiéramos amortiguado los efectos de nuestra actual desaceleración económica.

En lo que respecta a infraestructura carretera, solamente nos hemos quedado en materializar vías de comunicación con carpeta asfáltica de un solo sentido de circulación, son carreteras de segundo orden, no reducen la siniestralidad, era necesario que con nuestro crecimiento macroeconómico, la infraestructura vial en 10 años se hubiera transformado en carreteras de primer orden, con carpeta asfáltica de doble sentido de circulación, con separador central, que evite la confrontación vehicular en ambos sentidos, hubiera sido interesante que el Estado hubiera invertido directamente en autopistas y no solamente esperanzarse en el sistema de peajes, el cual resulta demasiado lento para obtener una infraestructura carretera moderna, debido a que se ha priorizado el criterio de administración a favor del concesionario frente al criterio de inversión, quien jamás adelantará inversión de su bolsillo esperara tener caja para ejecutarla.

Cuál ha sido el crecimiento en carreteras modernas en 10 años de nuestra economía, los 35 km de autopista entre Cañete y Chincha que nos dejó el APRA y, la construcción que está en camino de la autopista entre Pativilca y Trujillo y, paramos de contar, no hablemos de la cháchara o pseudo autopista Lima-Huacho-Barranca, es una vergüenza que no hayamos hecho nada por mejorar nuestra Carretera Central, hoy en día estrecha y congestionada; es imposible que podemos amortiguar los efectos de la desaceleración económica si no tenemos carreteras de doble vía con separador central. No ninguneamos el esfuerzo inversor en las carreteras IIRSA, pero estas mantienen el mismo problema de siempre división de los sentidos de circulación con una pintura, un aumento del número de unidades en estas carreteras nos llevará al problema de siempre, los accidentes de tránsito y la congestión vehicular.

Hipócritamente nos quejamos de nuestra alta siniestralidad y la cargamos contra el conductor y su mala formación, pero no hemos hecho absolutamente nada por modernizar nuestra infraestructura carretera en zonas tan recurrentes de accidentes de tránsito, en todas la regiones del sur andino, las entidades estatales vinculadas a la supervisión y regulación del transporte, solamente se han dedicado a identificar y evaluar quienes son los operadores que están involucrados en el accidente de tránsito, a los cuales nunca fiscalizaron, recién con el siniestro hacen el proceso de fiscalización, pos-mortem, para encontrar algún detalle que permita sustentar una medida draconiana de suspensión de sus actividades, como una muestra de que existe un Estado fiscalizador en la zona, por supuesto para la fauna de Lima, sin embargo, es imposible engañar a la población de sur andino con esta pose de autoridad post siniestro, prueba de aquello es que las entidades nacionales fiscalizadoras no tienen apoyo y son expulsadas por parte de la población de las regiones, al final su trabajo solamente se reduce hacer un control desde la capital y algunas capitales de provincias.

En estos años de bonanza no hemos logrado solucionar el problema de la escasez de choferes Clase AIII, al contrario, cambiamos el antiguo sistema de formación de choferes que de alguna manera los formaba por el sistema actual que no produce ni forma absolutamente nada; anteriormente la formación de choferes era asumida por los operadores, por supuestos con sus virtudes y defectos de este sistema, era evidente que ante la ausencia de un control estatal sobre dicha formación, se buscó reemplazarlo, por eso se cambió todo el marco regulatorio por un sistema totalmente privado bajo un control Estatal posterior, donde el peso de los costos de formación se carga sobre los choferes, esto no ha funcionado, tanto así que el Estado ha tenido que ampliar la edad de 65 hasta los 68 años para que los choferes actuales sigan conduciendo, el fracaso de este sistema nos dice que debe ser cambiado por uno eminentemente paraestatal donde el peso de los costos de formación sean asumidos por los operadores y el Estado, que son los beneficiarios de dicha formación; el sistema actual de formación de choferes, lo único que ha producido son escuelas de choferes que solamente emiten certificados de cursos requeridos por la regulación, donde la mayoría no se dicta se entrega vía “delivery” .

Por otro lado, en estos 10 años de crecimiento económico en el tema regulatorio y de fiscalización del transporte terrestre no hemos avanzado demasiado, por no decir nada, el gobierno central ha caminado como un velocista olímpico cuando se ha tratado de imponer regulaciones tras regulaciones al sector formal cada vez que se ha generado un accidente de tránsito mediático, pero no ha hecho absolutamente nada con el sector informal, al contrario se ha actuado como el cangrejo, éste sector se ha potenciado incluso ha buscado el padrinazgo político de los congresistas de la bancada oficialista y esta presión la ha trasladado tanto Ministerio de Transportes como a la SUTRAN, el objetivo del sector informal es que la regulación vigente no se les aplica vía un sin número de excepciones o en todo caso que la poca fiscalización existente tampoco les alcance.

Un error del gobierno central es creerse el cuento de que somos un país centralista y, que el poder debe ser trasladado a las regiones, por supuesto los poderes locales o regionales han alimentado el estribillo de una Lima centralista, cuando en realidad lo único de centralista que tiene nuestro país es la regulación que se emite desde Lima, sin embargo no tiene capacidad para hacer un seguimiento o fiscalización del cumplimiento de esta regulación en las provincias; un país tiene la chapa de centralista, cuando no solamente emite normas sino también se encarga de ejecutarlas, hace el seguimiento de su cumplimiento en las provincias o regiones, de que sirve tener regulaciones si al final son letra muerta o lo que es peor las regiones hacen caso omiso a las regulaciones sectoriales y vía ordenanzas regionales tergiversan la reglamentación nacional sectorial. Nos encontramos con aparatos de fiscalización débiles que no tienen posibilidad que toda la regulación que produce el Estado exista la capacidad de hacerla cumplir, al final todos los esfuerzos de esta se concentra sobre el sector formal, el cual cada día que pasa se va reduciendo.

Reconocemos que nuestro país debe sostener un proceso de regionalización, pero este proceso actual indirectamente ha afectado a la inejecución de las pocas políticas públicas recogidas en la reglamentación nacional del transporte terrestre, por cuanto la delegación de las facultades de regulación y fiscalización hacia las regiones se ha tomado por las elites locales del momento ( no hay partidos políticos nacionales ni sub nacionales, solo movimientos políticos coyunturales) una suerte de autarquía, de entender que son una región separada del gobierno nacional, las políticas nacionales sectoriales no existen o en todo caso no tienen por qué marcarles un límite en sus decisiones de gobierno, con lo cual el proceso regionalización no cumple con sus objetivos, al contrario contribuye a la penosa desinstitucionalización del país.

En estas condiciones de desgobierno que se ha generado con la regionalización, nos encontramos que los grupos informales de presión en cada región o provincia se convierte en una suerte de partido político con el único objetivo de que las autoridades sub nacionales no apliquen la regulación nacional y, al contrario procedan autónomamente, a emitir ordenanzas regionales en función de sus intereses subalternos y en contra de las pocas políticas públicas del transporte terrestre, en tanto el Ministerio de Transporte con su actuar elefantiásico solamente le queda, y muy tarde, recurrir al Tribunal Constitucional para su expulsión del marco jurídico, en tanto los grupos de presión se han legitimado con el paso del tiempo y han arrinconado social y económicamente a los segmentos formales de transporte.

De que nos ha servido estos 10 años de crecimiento de nuestra economía, de esta bonanza de cifras macroeconómicas, cuando no hemos logrado ni siquiera superar el debate ideológico de Estado reducido o no, entre la tecnocracia neoliberal que nos gobierna desde hace veinte años y la necesidad de un país con el nuestro que requiere de un Estado fuerte que promocione e incentive la iniciativa privada en sectores de la economía que permitan brindar un mayor bienestar social, como es el caso del transporte terrestre de personas y mercancías.

No queremos pecar de pesimistas pero así como vamos estamos perdiendo una gran oportunidad en la historia de haber mejorado el transporte terrestre y actividades complementarias en beneficio del público usuario a pesar de 10 años de buenas cifras macroeconómicas.