Existe un error en la percepción de la población y especialmente en los transportistas, pensar que alguna vez hubo en el transporte un Estado fuerte y ( las épocas de la CRETT y la ORETT, organismos reguladores de tarifas, nacieron como organismos técnicos pero terminaron funcionando como caja de resonancia de los políticos de turno) que en estos supuestos años hubo un orden eficiente o por lo menos suficiente para todos los que desarrollaban esta actividad económica, especialmente sobre el cumplimiento del ordenamiento regulatorio. Esta nostalgia engañosa es la que nos lleva a creer que proponiendo iniciativas legislativas o exigiendo la emisión de normas reglamentarias por parte de los órganos estatales sectoriales, sea el camino para resolver los problemas de la informalidad y siniestralidad en el transporte y en el tránsito terrestre, como si el poder descansara solamente en la capacidad regulatoria del Estado al margen de sus otras funciones básicas de gestión y fiscalización.

Por eso, cuando la prensa y los “especialistas” silabean y se llenan la boca de la palabra fracaso respecto a las autoridades que han asumido el cargo público, no han hecho una lectura suficiente de nuestro pasado, para ellos los antecedentes del transporte terrestre en el Perú nunca forman parte de su análisis, salvo el presente más cercano; sin embargo, para que algo tenga el letrero de fracaso, como dice Julio Cotler, tiene que haber habido en su momento una situación de éxito, de una constancia en crecimiento, un orden y una evolución dentro de la actividad y, francamente el Perú en materia de transporte y tránsito terrestre nunca ha sido una fresa de pastel, ha tenido algunos pequeños picos, pero estos se han derruido en el camino ante los cambios del modelo económico, nada consistentes siempre hemos sido hijos de la informalidad y de la debilidad institucional.

El transporte y el tránsito terrestre como actividad económica y como función pública respectivamente, requiere de una fuerte intervención del Estado tanto en regulación como en su fiscalización y gestión para que se sostengan en el tiempo, pero si el Estado es débil en su capacidad de hacer una fiscalización universal de toda la actividad del transporte y el tránsito terrestre, no hay forma que podemos encontrar coronado el éxito. Un Estado que solamente garantiza emisión de normas y no garantiza que hará cumplir dicha regulación, definitivamente no es un Estado, es cualquier organización pero Estado no lo es porque no práctica la coerción. En pleno siglo XXI, seguimos con el mismo cuento que viene desde la época de la Colonia, cuando los poderes locales frente a la buena disposición del nuevo Virrey de sostener el poder central de la corona, encontraba siempre la misma respuesta: “las ordenes imperiales se acatan pero no se cumplen”, que ha significado y que significa aún esta frase en todo el Perú, que tenemos un Estado sobrecargado de normas pero sin ninguna capacidad para fiscalizar su cumplimiento, con ello la imposibilidad de sostener políticas públicas.

A la fecha no hemos podido superar esta situación histórica, con total desencanto se puede comprobar que el Estado peruano siempre se ha encontrado totalmente inhabilitado para ejercer su poder, por ese motivo ese discurso provinciano de que el Perú es un Estado centralista, es más falso que un billete de cinco nuevos soles, desde mucho más antes, el poder siempre ha estado encargado fácticamente a poderes locales, los cuales jamás han tenido una visión de país, desde el departamentalismo que existió como herencia de las audiencias de la colonia, el poder se ha encontrado disperso frente a la centralidad de Lima y, lo continúa siendo con el actual régimen de la regionalización, donde no hay forma de ejercer un control eficaz y eficiente de los actos de gobierno de los Presidentes Regionales, debido a que el proceso de regionalización ha sido introducido en la Constitución con posterioridad y con oportunismo político, no hay herramientas constitucionales que permitan el control político de las regiones, por eso tenemos regiones que se debaten entre la autonomía y la autarquía, y en aquellas donde la organización políticas es aún más débil y escaza, dicho espacio lo ha tomado la delincuencia a través de pseudo organizaciones sindicales o populares, léase el frente de defensa de los intereses de Ancash, una organización copada por delincuentes al servicio del mejor postor no importa quién sea el presidente regional .

Siempre nos hemos preguntado: de donde hemos venido asumiendo que somos un Estado centralista? la respuesta es muy fácil, siempre presumimos que concentración de poder solamente significa la capacidad de regularlo todo, el gobierno central o gobierno nacional siempre ha tomado decisiones de gobierno desde Lima, pero habría que diferenciar dos cosas en esta falsa centralidad, una cosa es emitir ingentes cantidades de papel con tinta, una ruma de decisiones para normar cualquier materia que se nos ocurra y, otra cosa es conocer cuál es la capacidad del Estado para llevar a cabo o ejecutar todas estas decisiones, es decir cómo pasamos de la virtualidad normativa nacida en un gabinete hacia la realidad de su aplicación, como ejecutamos y sostenemos políticas públicas en todo el territorio del Perú y no solamente en la ciudad de Lima.

De que centralización del poder estamos hablando, si no hay la suficiente fortaleza para que el Estado haga cumplir sus propias directivas o disposiciones, de que nos sirve una centralidad reducida a emitir simplemente normas regulatorias, cuando el Estado no es eficaz ni eficiente para verificar que todo aquello que dispone no se cumple en su jurisdicción territorial, como tampoco tiene ninguna capacidad para vigilar y hacer seguimiento que sus ciudadanos, gobierno locales y regionales asuman el cumplimiento de todos sus mandatos o por lo menos capacidad de convencimiento y compromiso sobre toda la población, de que solamente seremos una sociedad civilizada en la medida que cumplamos con respetar la ley.

Por eso, cuando aparece esa corriente engañosa de que el poder debe ser descentralizado y se introduce en nuestra Constitución como un reclamo y un objetivo ciudadano desde las regiones, resultó la coronación de una simple afirmación sin sustento ni argumento fáctico, más que gestionar una descentralización dentro un Estado Unitario, representa el traslado de una realidad prexistente hacia la norma rectora como es nuestra carta magna, de que somos un país con provincias que nunca han sido gobernadas desde Lima, al contrario continúa ese proceso de autarquía de los poderes fácticos locales enquistados en provincias, son poderes locales coyunturales, dominantes, jamás se han acercado a ser una clase dirigente que tenga sueños nacionales que se proyecte hacia el futuro con una visión de país, siempre queriendo colonizar la política en función de sus intereses personales, jamás han estado por la conquista del poder para cambiar el rumbo .

Una prueba palpables de estos poderes locales que lindan siempre con la informalidad y que promocionan y negocian con estos segmentos al margen del Estado, son los representantes del Congreso que vienen de las provincias, la mayoría que ha sido elegido Congresista, una vez acabado su periodo de elección por lo general no regresan a su tierra de origen, difícilmente vuelven hacer sido reelegidos y los pocos congresistas que repiten el plato, terminan buscando ser reelegidos por la circunscripción de la Provincia de Lima.

Definitivamente este proceso de migración política debilita aún más a las regiones, desintegra un sistema de partidos a nivel nacional, rompe con la continuidad del activismo político en las regiones y deja la cancha libre para la aparición de las candidaturas regionales improvisadas y muchas veces con el respaldo de organizaciones delincuenciales, como es el caso de la Provincia de Pativilca, emblemático, donde el Alcalde es rehén del gremio de construcción civil de la zona. Este empobrecimiento de la institucionalidad política, tiene consecuencias funestas, no hay manera que se sostenga un encadenamiento y sostenimiento de las políticas públicas a nivel nacional, la aparición de nuevos líderes locales, tienen una formación desintegradora de la institucionalidad política o mejor dicho, tienen una carencia absoluta de vincularse con proyectos nacionales, se reducen a defender o atizar los conflictos en proyectos con intereses netamente regionalistas (ejemplo es la oposición a los proyectos de irrigación que comprometen dos regiones, caso el Cuzco y Arequipa) sobre la base de un cálculo político para sostener una reelección en el cargo, es decir, renuncian a ubicarse dentro de un Estado Unitario y postulan por imponer un interés regional, por ello se resisten al cumplimiento de las políticas nacionales sectoriales.

EL Perú nunca ha podido ejercer su gran poder centralizador, debido a que nunca estuvo en capacidad de imponer el cumplimiento de las decisiones que se emiten desde la ciudad de Lima, esa falta de capacidad de fiscalización es lo que ha llevado a que la centralización en el Perú sea solamente un poder central escrito en el papel, pero que los poderes fácticos de las provincias han sabido aprovechar bien la coyuntura y tenerlo como el caballito de batalla, de que el poder centralizador de Lima los agobia, cuando todos sabemos que las normas no se han cumplido ni se cumplen en las provincias, peor aún las normas que contienen las políticas sectoriales nacionales en materia de transporte y tránsito terrestre son un saludo a la bandera, todo sabemos que la fiscalización de SUTRAN es inexistente en las regiones, que los gobiernos regionales han renunciado a gestionar o fiscalizar el transporte terrestre, peor aún, en varias regiones han actuado de manera activa emitiendo ordenanzas regionales que contradicen la política pública en materia de transporte terrestre, es decir fomentado la informalidad de los servicios en vehículos menores, muchas afectando las autorización ya otorgadas a las empresa formales de ómnibus.

En tanto el Ministerio de Transporte no tiene la capacidad ni las herramientas legales ni constitucionales para llamar al orden a estos gobiernos regionales, los procedimiento s establecidos para compatibilizar políticas públicas entre un Reglamento Nacional y una Ordenanza Regional tiene que pasar por el largo y tortuoso procedimiento de denuncia constitucional, al final dicho letargo las transportistas formales se cansaron de esperar que el estado tutele los servicios públicos de transporte, muchos de ellos abandonan la actividad o lo que es más grave asumen que pasar a la informalidad es la única manera de sobrevivir en este país, con lo cual las políticas públicas reguladas desde la capital del país en materia de transporte y tránsito terrestre resulta un saludo a la bandera debido a la ausencia de una fiscalización y sanción para sostener su cumplimiento en todas las regiones.

Al final somos un Estado que se debate entre el mesías que siempre le toca dirigir el gobierno central y los feudalistas que asumen el control de los gobiernos regionales, donde el primero utiliza a la regulación como el único mecanismo de gobierno, olvidándose que regular no es suficiente para conducir la gobernanza de un país, requiere un plan y un seguimiento de las políticas públicas en todo el país, en tanto que los feudalistas de las regiones llegan al extremo de ejercer el poder con exceso de autarquía, muchas veces al margen de las políticas públicas nacionales sectoriales, incluso utilizando la corrupción como herramienta ; ante la carencias de herramientas legales y constitucionales que ayuden a resolver este conflicto en el día a día, el gobierno central no tiene otra opción que realizar una confrontación contra el gobierno regional que lo ha desafiado, recién todas las autoridades de ámbito nacional enfocan sus intereses en la región que ha desafiado al gobierno central, todos sabemos cómo acaba esta historia , con el Presidente Regional y su entorno en la cárcel o con cientos de procesos administrativas y judiciales sobre sus cabezas.

Es necesario y fundamental que la regionalización que ha sido introducida en la Constitución con posterioridad y sin ser engarzadas con los controles políticos necesarios, que se modifique la Constitución para que el Presidente Regional tenga controles administrativos y políticos en sus actos de gobiernos, no puede actuar al margen de la jerarquía de gobierno, menos aún al margen de las políticas públicas que cada uno de los Ministerios establecen , tenemos que dejar sentado en la Constitución que los gobiernos central deben estar subordinados en temas de fiscalización al poder central en cada paso que den, caso contrario estaremos postulando a que el Perú sea un Estado Federal, sin embargo, ese no es el espíritu de nuestra carta magna, somos un Estado Unitario con cierto grado de autonomía administrativa y económica hacia las regiones, pero esto no obsta para que las regiones vaguen libremente y por encima de las políticas públicas nacionales y sectoriales.

No es casualidad ver como el propio Congreso de la República se siente atado de manos, cuando pretende realizar una acción de fiscalización sobre los Presidentes Regionales, ninguno de esto acuda por voluntad propia, es más no hay forma de hacerles apercibimiento debido a que la regionalización como hemos dicho reiteradamente fue introducida con posterioridad de manera populachera (aunque necesaria) sin los respectivos mecanismos de control político y administrativos necesarios para que se haga sentir que no somos un Estado federal sino un Estado unitario. Si los poderes del Estado (Ejecutivo y Congreso) no pueden materializar las funciones de gestión y fiscalización sobre las regiones y los gobiernos locales no hay forma de asumir que estamos dentro de un Estado Unitario y, se mire a la regionalización como un fracaso; estamos a favor del proceso de regionalización pero este debe hacerse bajo los parámetros que la autonomía de los gobiernos regionales es netamente administrativa, relativamente económica y mínimamente política.

Creemos que en materia de transporte y tránsito terrestre, no se tendrá una respuesta positiva en cuanto a reducir la siniestralidad, si no logramos introducir los controles políticos y administrativos necesarios y suficientes para que los gobierno regionales y con ellos los gobiernos locales, se sometan a los dictados de la política nacional sectorial que viene desde el Ministerio de Transporte , sobre todo que este último ente, tenga la facultad de intervenir contra cualquier funcionario del gobierno regional que haga caso omiso a las decisiones de política nacional sectorial, caso contrario siempre veremos la misma historia, que la regulación nacional sobre transporte y tránsito esté pintada en la pared, en tanto los gobiernos regionales tengan su propio código de conducta y no haya mecanismo alguno para sancionar este desgobierno.