Resulta inexplicable que todos terminemos pidiendo como solución a nuestros problemas de siniestralidad en el transporte y tránsito terrestre la aplicación de la ley penal como tabla salvadora de nuestra sociedad motorizada por todos esto incluye a nuestra Asociación Automotriz. Más aún me resulta incomprensible que quienes siempre han tenido una línea de lucha frontal contra aquella troglodita posición de resolver los problemas sociales aplicando directamente el derecho penal, sin verificar previamente que el derecho administrativo deba cumplir su rol.

Este problema no es un tema de regulación, en cuestión de normas de transporte estamos llenos de estás son más que suficientes, por eso llama la atención que las propias autoridades del Ministerio de Transporte y la Municipalidad de Lima den el problema espectáculo de desconocerlas, sobre todo en el tema de la inhabilitación y su procedimiento; al contrario uno de los problemas de que tengamos una alta siniestralidad es la falta de capacidad del Estado de hacer cumplir su frondoso marco regulador y, esto es el mal endémico de toda nuestro realidad social peruana, denigramos de nuestro marco normativo vigente asumiendo sin haberlo leído que es vulnerable e insuficiente y no solamente en materia de transporte sino en muchos otros sectores, cuando en realidad el problema es un tema de aplicación de las normas, que las autoridades involucradas en el cumplimiento de dichas normas no desean realizar su labor o en todo caso buscan establecer sus propias prioridades al margen de las pocas políticas públicas que procura materializar el gobierno central, peor aun cuando el seguimiento de dichas normas requieren comprometer los escasos recursos de sus gobiernos locales, no se aventuran salvo que la fiscalización sea una forma de obtenerlos.

Normas administrativas sancionadores en materia de transporte terrestre y tránsito existen hasta la saciedad, desde una multa económica hasta la inhabilitación del infractor o de la empresa, el tema es cuando y como se aplica. Décadas de abandono de educación vial, falta de políticas públicas, infraestructura carretera inadecuada, formación de choferes a la deriva entre lo público o lo privado, esto no lo puede resolver el derecho penal, solamente es posible con presencia del Estado y un plan a largo plazo más allá de los 10 años.

Por supuesto sin olvidar el tema de la informalidad y sub informalidad, aquella que el Estado peruano deja que crezca sin hacer absolutamente nada, es aquella que todos los días sale a competir con el transporte formal y contra la cual el Estado y demás ámbitos de gobierno se achica, pero si queremos al transporte formal que cada día se está haciendo más pequeño queremos aplicarle hasta la pena de muerte y cerramos los ojos frente a la informalidad. Hoy día, a nadie le interesa verificar si realmente el derecho administrativo ha funcionado o no por culpa de quienes deben aplicarlo, simplemente queremos que el Derecho Penal acuda a solucionar todos y cada uno de nuestros problemas sociales, sin percatarnos que para que las cosas funcione en el Estado este debe cumplir su rol de manera integral, como diría Julio Cotler, “ Estado significa capacidad de regular de controlar y de hacer que la gente respete las normas y se convenza de la necesidad de respetarlas. Conseguir legitimidad no es algo tan fácil” pero como nos desesperamos y no logramos hacer esto, se nos viene a la cabeza volvernos también incivilizados y, queramos resolver el problema solamente aplicando el derecho Penal, alegremente lo reclamamos y solamente para salir en la foto. Y esto será hasta el próximo accidente