El día de ayer se ha confirmado nuestros temores, hay una mala intención de borrar del mapa todas las negociaciones entre, arribadas desde el año 2001, las autoridades de turno y los operadores de transportes, respecto al aterrizaje  del marco regulatorio hasta ahora logrado sobre nuestra compleja realidad;  es como si los doce años transcurridos no hubieran existido en nuestros vidas, como si los esfuerzos realizados en este última década por los diferentes Ministros, Vice Ministros, Directores Generales y asesores con los operadores de transportes hubiesen sido tirados al tacho de la basura.

Recuerden señores, no ha sido fácil tener el actual marco normativo, a pesar de sus deficiencias siempre ha resultado ser mejor que las anteriores normas, las cuales hemos venido superando de manera sostenida, haciendo ver a las autoridades de turno que la regulación no se hace desde un gabinete y de la noche a la mañana, sino que se debe buscar el equilibrio entre realidad y  norma, camino difícil y tortuoso, esto ha generado múltiples paralizaciones al país, habido sufrimiento para los usuarios y la marcha económica de la nación, como una manera de que las autoridades de turno entiendan y tengan un nivel de aprendizaje respecto a  que las normas deben adecuarse a la realidad y no al contrario.

Si las actuales autoridades de turno, por un tema de vanidad, desean cambiar el marco normativo o en todo caso la estructura de los reglamentos vigentes, no tenemos porqué oponernos, siempre cuando recojan cada uno de los aspectos fundamentales del marco regulatorio que dejará de estar vigente, de ninguna manera podemos aceptar que haya un nuevo marco jurídico sobre la actividad del transporte como si estuviéramos en la segunda década del siglo XX, como si ayer recién hubiera nacido el transporte interprovincial de pasajeros o el transporte de carga, caso contrario nos vamos a enfrentar, por cuanto este nuevo marco regulatorio está contra la formalidad y más bien parece que se apunta en promocionar segmentos informales.

Es un error de las autoridades actuales de intentar llevar a fojas cero todos los avances en materia regulatoria del transporte terrestre, son negociaciones logradas entre operadores y autoridades sectoriales desde el año 2001 hasta la fecha, esta posición de desconocimiento significará un acto de provocación y de probables paralizaciones, que lejos de mantener una política equilibrada entre realidad y regulación, tendrá consecuencias funestas y, puede iniciar una etapa de conflicto entre operadores y autoridades.

Por supuesto, esta nueva formalidad legal contradice en ciento ochenta grados a una realidad en la cual trabajan los operadores del transporte de pasajeros y de carga, no solamente será el caldo de cultivo de fuertes conflictos, sino también problemas para el usuario de estos servicios, se verá envuelto por decisiones que desconocen una actividad económica de importancia como es el transporte de pasajeros y de carga, que es transversal a todas las demás actividades económicas.

En términos generales estos proyectos de nuevos reglamentos, nos dicen con todo desparpajo que el transporte interprovincial de pasajeros ha nacido recién ayer, por lo tanto habrá nueva reglas y que las existentes no sirven, renuncian a ver una realidad, e imponen la falsa idea que solamente hay un solo tipo de servicio del transporte interprovincial de pasajeros, que las personas solamente se deben embarcar en los terminales y por excepción en las escalas comerciales, estos reguladores de gabinete olvidan que nuestro país se encuentra unido por 79,000 km de carreteras, que existen más de 80,000 centros poblados, caseríos y villas asentadas a lo largo de nuestras red vial, por consiguiente un servicio de ciudad a ciudad, como proponen en este reglamento, es olvidar a estos usuarios, donde está la inclusión social que este gobierno propugna y supuestamente promociona, al tacho de la indiferencia social.

Pero lo más grave, estos reguladores de gabinete retroceden en cuanto a eficiencia, exigencia e inmediatez en el trabajo de la administración pública, la regulación vigente ha impuesto a las autoridades sectoriales, que las notificaciones de las actas de control no pueden darse más allá de los sesenta días, caso contrario la sanción se reduce en un 50%, y si estas actas de control se notifican después de los seis meses que han sido impuestas, no tienen mérito probatorio, el objetivo es la inmediatez en la sanción; con el proyecto del nuevo reglamento los funcionarios públicos nuevamente tienen cuatro años para notificar dichas actas de control, con lo cual se perpetúa ineficiencia en la administración pública a costa de los operadores de transporte.

Una perla más de estos nuevos proyectos normativos, es aumentar los costos operativos para el archivamiento banal de la documentación exigible a los operadores de transporte, desconocemos para que vamos archivar hasta por 90 días todas las actas de ocurrencia que se emitan diariamente en los puestos de control de tolerancia cero, esto no tiene ningún sentido, como tampoco la duplicidad de información, por cuanto las actas de ocurrencias son emitidas y archivas por la propia SUTRAN.

De la misma manera, no tiene sentido que se exija a los operadores tener dos sistemas que entreguen la misma información, como son los registradores de velocidad y el sistema de GPS, ambos equipos otorgan información sobre la velocidad, paradas y tiempo de conducción, con mejor performance el sistema de GPS, por cuanto este último lo hace en tiempo real y, es el sistema que ha escogido el vigente reglamento para el control de la conducción, sin embargo con el nuevo proyecto normativo de manera extraña y sorprendente se quiere exigir que los vehículos tengan los dos sistemas, como si los recursos materiales y humanos que se necesitan para sostener ambos sistemas no le costaran a los operadores del transporte y por consiguiente al usuario, quien al final asume los costos, salvo que nos convirtamos en informales para no asumir dichos costos.

Lo más grave,  se introduce la informalidad en el sector, al relajar todas las condiciones de acceso (las declaraciones juradas como la herramienta práctica) y desparecer las condiciones de permanencia, bajo la mal llamada condiciones de operación, esto resulta un desconocimiento total de la actividad, las condiciones de permanencia engloba no solamente las condiciones de operaciones sino todas las condiciones legales y financieras que se necesitan para sostener el servicio.

Pero lo más populista de este proyecto de reglamento, es la pretensión de realizar un control de precios sobre las tarifas que ofrecen los operadores del transporte, al exigir que estas se pre-publiquen quince días antes en todos los medios (vehículos, terminales, paginas web) la única razón de este reglamento que atenta contra la libertad de precios al cual nos hemos sometido, es imponer soterradamente un control de precio en el mediano plazo, si los combustibles e insumos aumentaran, los operadores estarán obligados a mantener sus precios y si la oferta de asientos aumentara, no habrá el mayor esfuerzo de los operadores de hacer regresar sus vehículos en vacío, en razón de que no se pueden elevar los precios, nos preguntamos donde esta la libertad de precios que se proclama en la Ley pero se hace retazos de este nuevo proyecto reglamentario, necesitamos coherencia.

La regulación de la reincidencia es otro aspecto que pretenden desconocer con el nuevo marco normativo, de nada ha valido hacer ver a las autoridades de turno, que la reincidencia debe tener un relación directa con la cantidad de flota que tiene cada empresa, no es lo mismo ser reincidente con un solo vehículo que con 30 vehículos, cada uno de ellos está conducido por una persona por lo tanto es un posibilidad que se suma a la reincidencia, por eso se debe mantener la regulación del actual marco jurídico.

Han tirado al basurero la presunción de inocencia, se pretende que los operadores de transporte asumen obligaciones bajo el chantaje de no acceder a ninguna renovación ni reclamación ante la administración pública si no hace pago de las multas o en todo caso no cumple con las obligaciones económicas que le imponga cualquier Juez Penal; ninguna actividad económica tiene estas imposiciones introducidas descabelladamente por estos reguladores de gabinete.

Transportistas su inversión se encuentra en peligro, no hay peor expropiación que la nacida de una acto regulatorio, la inseguridad jurídica es el peor enemigo de la inversión, este puede ser el primer paso para debilitar a las empresas formales que se han consolidado en el transporte interprovincial en ómnibus a punta de grandes esfuerzos y luchas contra la indiferencia política de turno, para al final este marco regulatorio sea el pretexto de varios políticos trasnochados, que solamente piensa en votos, pretendan invadir las carreteras con vehículos menores, hacer del transporte el colchón social del sub-empleo, tal vez este sea la inclusión social que busca el gobierno y sus actuales funcionarios y nosotros no entonamos en la misma.

Señores estos proyectos normativos tal como están no deben pasar, caso contrario seremos parte de la historia del transporte en el Perú, un cementerio más de empresas de transporte interprovincial, lo cual  si nos debe importar.