LA DECLARACION DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

Control tarifario y diferenciación de servicios podrán seguir conviviendo.

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Los empresarios del transporte interprovincial deben mirar con mucho cuidado y con el suficiente recelo respecto a una solicitud de que el transporte terrestre interprovincial de pasajeros sea declarado como uno de servicio público, no se trata de introducir un miedo sobre el tema pero si advertir en estos tiempos las consecuencias que pudieran generar una declaración legal en ese sentido sin mirar cada una de sus aristas.

Se entendería como una necesidad para todo el sector que ser servicio público significa una mayor atención por parte del Estado para la actividad económica que se le reconoce como tal, gestión con una alta intervención estatal, regulación económica, una activa promoción estatal, incluso procurar una política de subsidios para los sectores menos favorecidos sean empresas o usuarios marginales, pero sabemos que en la practica esta declaración no funciona en nuestro país de esa manera, tal vez solamente por el lado de la regulación económica en su expresión más representativa el control tarifario pero hacía arriba.

El término “servicio público” no es una definición precisa en el mundo jurídico que puede ser asimilada por todos nosotros de manera pacífica, sus aristas nos pueden llevar a un sin número de problemas, más aún cuando hoy en día la actividad económica del transporte interprovincial de pasajeros luego del cambio de modelo económico de los años noventa ha tenido que, por parte de los operadores privados, buscar su rentabilidad como negocio en el nuevo escenario, por supuesto después de ver morir a las empresas de mayor envergadura del sector que no pudieron acomodarse a los nuevos tiempos que marcaba el cambio del modelo económico.

En estos últimos veinte años tenemos empresas que han logrado consolidarse conviviendo con los cambios, la informalidad y la inseguridad jurídica que representaba en un primer momento no tener ninguna regla de cómo desarrollar el servicio, para luego soportar una excesiva regulación sin que exista de por medio un control tarifario, condiciones de sobre regulación que se dieron y se dan pero que se han venido negociando con los diferentes gobiernos de turno que se han sucedido con este nuevo modelo económico de libertad de rutas y tarifas.

Tenemos entendido para muchos, en especial quienes están en las riendas del gobierno actual y no pocos congresistas, hablar de servicio público significa concesión y control tarifario, por supuesto concesión significa reducir a los operadores en una determinada ruta, pero eso no nos libera de la presencia de la informalidad que se pueda dar en el camino, y lo cual puede ser fatal si el control tarifario utilizado por la autoridad se convierte en una herramienta estricta que no tiene su contrapartida en un combate contra la informalidad de los servicios no autorizados, en resumen se señala tarifa para los concesionados y libertad de tarifas par quienes se ponen al margen pero están en la foto del día a día.

Un esquema de control tarifario para las empresas de hoy, bajo la premisa de haber sido declarada como servicio público el transporte pasajeros, significa en términos prácticos un cambio en las reglas de juego sin necesidad de cambiar el modelo económico; sin desear ser fatalista muchas de las empresas que mantienen una oferta de servicio diferenciado y sobre el cual hacen descansar la fortaleza de su negocio, les resultaría peligroso para su supervivencia que se sometan a la voluntad de un funcionario o una comisión reguladora para que les revise sus tarifas, será el fin para toda aquella flexibilidad que tienen para crear nuevos servicios y desafectar aquellos que no le son rentables.

No olvidemos que las empresas del transporte interprovincial de pasajeros han sabido sobrevivir en el mercado actual, explotando determinados nichos del mercado, es decir haciendo tareas de diferenciación en la prestación del servicio, fidelizando a los usuarios en función a sus necesidades, es más esto se ha hecho más evidente en las empresas que ofrecen servicios Premium, las cuales no tienen nada que envidiar a los mejores servicios que se prestan en otros países de primer nivel.

Un régimen de servicio público donde el control tarifario va a marcar la pauta en temas de oferta de servicios, de hecho va significar que el modelo de negocios de estas empresas que se hacen conocer en el mercado por la diferenciación, van a tener que mudar en razón a que las tarifas impuestas por el funcionario público les va impedir diferenciar la prestación del servicio como lo vienen haciendo actualmente, es como apostar por un cambio porque el negocio no va mal, pero queremos mejorarlo a sabiendas que el nuevo camino elegido no están nuevo sino que ya fue recorrido con anterioridad.

Algunos nos podrían decir que el control tarifario puede tomar como opción no una tarifa única sino mediante bandas tarifarias (entre un mínimo y un máximo) sin embargo frente a dos precios por el mismo servicio resulta conocida la respuesta, alguien va dejar de dar menos para ofrecer la tarifa mínima, claro aparentando cumplir con todos los requisitos regulatorios, por supuesto amparándose en la histórica inexistente vocación de nuestras autoridades por fiscalizar de manera universal, aunando por supuesto a la pésima idea de las autoridades políticas que el servicio solamente debe ser barato no interesa cual sea su calidad.

Los empresarios no deben ser ilusos respecto a buscar una declaración de servicio público del transporte interprovincial de pasajeros mediante una ley del Congreso, también deben asumir que dicha declaración puede poner al sector en el mayor riesgo de estabilidad económica, y, con mayor razón las empresas de transporte que han montado su negocio sobre la base de la diferenciación, van a tener que mudar a un nuevo modelo de negocio para no desaparecer en el mercado, en razón de que con el control tarifario que trae la regulación económica, los aplanará comercialmente.

Recomendamos una mayor reflexión frente a este tipo de decisiones, que no sea una decisión única de técnicos y profesionales, que sean los propios operadores quienes tienen que ser concientes que pueden volver a soportar los cambios económicos en la actividad del transporte terrestre de pasajeros ante una propuesta de declaración de servicio público